El desarrollo no puede construirse sobre el desarraigo de nuestras comunidades. Con esa convicción presenté la Resolución del Senado 135, aprobada recientemente por el pleno senatorial, para investigar a fondo un fenómeno que está alterando el rostro de nuestros vecindarios: la gentrificación.
La medida encomienda a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico a evaluar, con base en datos concretos, los efectos que este proceso tiene en la vida de miles de puertorriqueños. Y no hablo solo de estadísticas. Hablo de historias humanas, de familias que han vivido por generaciones en comunidades costeras o urbanas que hoy se ven obligadas a mudarse porque ya no pueden pagar la renta o los servicios.
¿Qué queremos saber?
Queremos entender cómo el alza en el valor de propiedades, impulsada en parte por incentivos contributivos como la Ley 60-2019 está afectando el acceso a vivienda asequible, generando desplazamiento forzado, y alterando la composición socioeconómica y cultural de nuestras zonas residenciales.
No se trata de oponerse al desarrollo. Se trata de preguntar: ¿desarrollo para quién? Porque mientras algunos sectores celebran la llegada de inversiones y transformaciones urbanas, otros ven desaparecer su hogar, su historia, su comunidad.
Gentrificación no es solo una palabra de moda
Este fenómeno ha sido particularmente notable en áreas como Santurce, Ocean Park, y partes del casco urbano de Bayamón, entre otros. Los residentes tradicionales enfrentan aumentos en la renta, presión en servicios públicos como el agua y la electricidad, y una transformación del entorno que muchas veces no les incluye.
Durante mi turno en el hemiciclo lo dije claramente: “Con el aumento en el valor de la propiedad, se provoca el desplazamiento de las personas que han residido por años en dichas comunidades y, por tanto, se altera la composición demográfica y socioeconómica de la zona.”
Esta no es solo una cuestión económica; es también una cuestión de justicia social y cultural.
¿Qué sigue ahora?
La resolución fue aprobada en el Senado y el informe con los hallazgos deberá presentarse en un plazo de 90 días. Aún falta el visto bueno de la Cámara de Representantes, pero tengo la esperanza de que allí también entenderán la urgencia de esta investigación.
Como senadora por acumulación, mi deber es defender a las comunidades, darles voz y proteger su derecho a quedarse en el lugar que han llamado hogar por generaciones.
El Puerto Rico que queremos construir tiene que incluir a todos. El progreso no debe significar la expulsión de quienes menos tienen. Y eso, amigas y amigos, también es legislar con justicia.